En un contexto de creciente descontento social, las universidades públicas de Argentina están viviendo uno de sus episodios más críticos. Un paro de 48 horas se está llevando a cabo con un cumplimiento notable en todos los rincones del país, mientras se acerca una marcha universitaria que promete ser masiva el próximo miércoles 2 de octubre.
El gobierno, que ha permanecido en silencio durante meses, intenta ahora desactivar este movimiento de protesta a través de una convocatoria a paritarias programada para hoy a las 16 horas. Antonio Rosello, secretario de Organización de CONADUH, denuncia esta estrategia del gobierno como un intento de frenar la marcha inminente. “A pesar de los posibles ofrecimientos, lo que buscan realmente es desbaratar nuestras acciones de lucha”, afirmó, mientras recordaba la grave situación que enfrentan, con una pérdida del 55% de poder adquisitivo en relación a la inflación. La escasez de recursos para investigación, extensión y becas estudiantiles es una realidad palpable que no puede ser ignorada.
Un presupuesto que ignora la educación
Francisca Staiti, secretaria general de la Conadu Histórica (CTA Autónoma) también expresó su preocupación por el rumbo que están tomando las políticas públicas, resaltando que el Presupuesto nacional prioriza áreas como Seguridad, Defensa y Justicia, relegando la educación y la salud a una situación marginal. “Esta tendencia excluye a las mayorías y fomenta un Estado represivo que amenaza con profundizar la crisis”, subrayó.
La crisis del sistema universitario
El Frente Sindical ha señalado con preocupación la crítica situación en la que se encuentran las universidades nacionales. A comienzos de año, se acordó un aumento salarial del 6% en medio de una inflación del 26%, lo que resultó insostenible. En el mes de enero, no hubo aumento salarial, dejando a los docentes con un 0% en sus salarios.
- En diciembre, los sueldos quedaron un 20% por debajo.
- En enero, la situación no mejoró, manteniéndose un 21% por debajo.
- Durante el resto del año, los salarios se han visto continuamente erosionados en relación a la inflación.
Hasta la fecha, el gobierno de Javier Milei ha incumplido en su obligación de convocar a paritarias, lo que ha terminado consolidando una pérdida de más del 50% del poder adquisitivo de los salarios universitarios. Esta asfixia presupuestaria tiene como objetivo, según afirman voces de la comunidad educativa, destruir la capacidad de las universidades para ofrecer educación, investigación y propuestas de extensión.
Así, tomando en cuenta la grave situación que atraviesan y el descontento creciente, la consigna entre los docentes y estudiantes es clara: “si hay veto, hay marcha”. Esta frase resuena como un llamado a la unidad para resistir la precarización del sistema educativo y defender el derecho a una educación pública digna.